Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre de 2025, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha presentado un avance del informe “Evaluación participativa del Nuevo Baremo de la Discapacidad: hacia una inclusión más eficaz”.  Este informe analiza cómo se está aplicando el Real Decreto 888/2022, en vigor desde abril de 2023.

El estudio, elaborado a partir de más de un millar de testimonios de personas con discapacidad, familiares y profesionales de entidades del sector, evidencia que persisten importantes deficiencias estructurales que afectan tanto a la calidad como a la coherencia y correcta aplicación del nuevo baremo.

Una de las conclusiones más destacadas es que el 48% de quienes han sido valorados han tenido que esperar más de un año, un problema especialmente notable en Galicia y Andalucía, donde los retrasos se han incrementado entre 18 y 23 puntos porcentuales respecto al sistema anterior.

El informe señala igualmente una tendencia a la reducción de los grados de discapacidad reconocidos desde la implantación del baremo. Las valoraciones por debajo del 33% han pasado del 33% al 40%, limitando el acceso a recursos y prestaciones fundamentales. Además, las resoluciones definitivas han bajado del 79% al 69%, lo que implica un aumento de expedientes en revisión y mayor incertidumbre para las personas afectadas. Otro aspecto preocupante es que el 68% considera que el equipo valorador no conoce adecuadamente su discapacidad, especialmente en casos de patologías orgánicas o poco visibles. Asimismo, el 77% cree que no se tienen en cuenta las comorbilidades, lo que pone de manifiesto deficiencias formativas en los equipos responsables.

 En Andalucía es una de las comunidades donde el nuevo Baremo de la Discapacidad (Real Decreto 888/2022) está generando más problemas y retrasos. Casi la mitad de las personas evaluadas espera más de un año para obtener su valoración, y los retrasos han aumentado de forma notable respecto al baremo anterior, con incrementos de entre 18 y 23 puntos porcentuales.El estudio también refleja que la aplicación del baremo en Andalucía presenta desigualdades y falta de homogeneidad, lo que afecta a la calidad de las valoraciones. Se observa además una tendencia a reconocer grados de discapacidad más bajos, lo que limita el acceso a apoyos y prestaciones esenciales.

Las personas valoradas muestran altos niveles de insatisfacción, señalando falta de conocimientos específicos por parte de los equipos de valoración y poca consideración de las comorbilidades. Esta percepción negativa se agrava en el proceso de reclamación, que se considera lento, poco eficaz y con escasas posibilidades de mejora del grado reconocido. En conjunto, COCEMFE advierte que en Andalucía el nuevo sistema está generando mayor incertidumbre, frustración y sensación de injusticia, y reclama medidas urgentes para reducir los plazos, mejorar la formación de los equipos y garantizar una aplicación más justa y coherente del baremo.

Ante esta situación, COCEMFE solicita medidas urgentes para asegurar un baremo de discapacidad justo y uniforme en todo el territorio. Entre sus demandas se encuentran:

• Cumplimiento del plazo máximo de seis meses entre la solicitud y la resolución;
• Refuerzo de los equipos de valoración con profesionales especializados y multidisciplinares;
• Unificación de criterios en todas las comunidades autónomas;
• Garantía de valoraciones presenciales de calidad, limitando las resoluciones basadas únicamente en informes;
• Mejora real del sistema de reclamaciones para corregir errores;
• Evaluación del impacto del baremo en el acceso a derechos, con especial atención a las personas en situación más vulnerable.